Reportaje

Distribuidor gana querella a Microsoft

La supuesta venta de software ilegal, por parte de CCC, podría llevar a Microsoft a pagar 90 millones de dólares por probable falsificación de pruebas.

Después de emprender una demanda en contra de un distribuidor, los integrantes de la Business Software Alliance (BSA: Microsoft, Autodesk, Adobe y Symantec) fueron contrademandados, lo que trajo consigo una larga querella que a la fecha sigue en los tribunales.


 


Cabe señalar que a pesar de comenzar como una acción legal antipiratería encabezada por la BSA, la demanda está a nombre de Microsoft y compañía (Autodesk, Adobe y Symantec). Destaca también que el programa –del que supuestamente se vendieron copias ilegales– es Office 97, propiedad de Microsoft, por lo que al gigante de las ventanas se le atribuyen las acciones legales.


 


Consultores en Computación y Contabilidad (CCC) era un distribuidor que vendía por Internet y atendía a clientes de cierta magnitud, como Televisa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las acciones penales que interpuso Microsoft ocasionaron desprestigio al distribuidor y paulatinamente fue perdiendo posibilidades de negocio.


 


Lo relevante para el canal es que este caso, junto con el de un distribuidor situado en Guadalajara de nombre La Tenda, está sentando un precedente.


 


Asimismo, mayoristas como MAPS, Ingram Dicom y CHS, respaldaron al distribuidor al mencionar que ellos le vendieron licencias a CCC.


 


A continuación, la historia contada por el apoderado legal de CCC. Cabe señalar que se acudió a los voceros de Microsoft y BSA, quienes, a través de sus representantes de relaciones públicas, dijeron que no emitirían declaración alguna al respecto y se limitaron a comentar que esperarían la resolución de una apelación ante un juez.


 


El agravio


Consultores en Computación y Contabilidad, SC es una empresa familiar de sociedad civil conformada por Víctor Armando Rendón de la Torre, su esposa Melba Delfina Ojeda Solís y dos hijos: Víctor Armando y Pablo Ángel Rendón Ojeda. Surge a principio de la década de los 90 y con el paso del tiempo se fue dedicando a la distribución de equipo, productos y programas de cómputo.


 


A decir de Luis Asali, representante legal de la empresa, el negocio fue creciendo aceleradamente. Se trataba de una compañía que no vendía sus productos directamente al público, sino solamente a través de Internet; sin embargo, el 11 de agosto de 1998 sufrieron una diligencia de cateo en su domicilio fiscal, ubicado en avenida de La Hacienda, número 132, colonia Residencial Villa Coapa, en la ciudad de México.


 


“Llegó el señor Rendón a su empresa y se encontró con una presencia exagerada de policías en el local, así como representantes de las dos televisoras más grandes del país, quienes estaban difundiendo la noticia de que en ese negocio se comercializaban productos pirata. De hecho en el video se llegó a decir que se tenían indicios de narcóticos”.


 

La denuncia


Después del cateo, Víctor Rendón (padre) fue notificado de un procedimiento penal en contra de su empresa iniciado por Microsoft, Autodesk, Adobe y Symantec (empresas que conforman la BSA).


 


CCC había sido demandado por dos supuestos testigos, Óscar Arellano Castelón y Pedro José Manuel Ruiz; este último se identificó como estudiante y afirmaba que le habían ofrecido productos ilegítimos a un precio menor a su costo. Las pruebas que presentó fueron unas facturas que carecían del logotipo de la empresa, así como de la cédula fiscal; además, el nombre que aparecía en la factura era “Consultores y computación y contabilidad”, en lugar de Consultores en Computación y Contabilidad, SC.


 


“Después del cateo, en el que se decomisaron computadoras de la familia Rendón, vinieron los peritos, realizaron los exámenes pertinentes y determinaron que los programas que se vendían eran legítimos, y por tal motivo no había delito que perseguir”, subrayó Asali.


 


No obstante, la empresa se vio afectada en su imagen; de ser una compañía que en el año del cateo tenía ingresos de aproximadamente 114 millones de pesos, al siguiente disminuyó a 80 millones, y un año más tarde a 10 millones de pesos.


 


Asali: “La denuncia empezó el 13 de noviembre de 1997. El cateo se llevó a cabo el 11 de agosto de 1998; casi pasó un año, y el 4 de julio de 2000 se determinó el no ejercicio de la acción penal”.


 


Después de saber el veredicto, la familia Rendón se dio cuenta de que las facturas eran  falsas y los testigos fueron aleccionados. “Ante esa situación, ya no bastaba con comprobar su inocencia, sino acreditar que todo el procedimiento penal fue fundado en pruebas falsas”, comentó el representante legal.


 


La familia Rendón tomó la decisión de iniciar la acción de responsabilidad civil por daño moral ante los tribunales de Estados Unidos en contra de Microsoft, Autodesk, Symantec y Adobe. Pero eso no duró mucho, ya que, a decir de Asali, los demandados hicieron hasta lo imposible para que el juicio fuera atraído por México, y finalmente así sucedió.


 


El proceso


El 1 de marzo de 2002 se inició la acción por responsabilidad de daño moral ante los juzgados competentes. La primera instancia la perdió Consultores en Computación y Contabilidad. “Argumentaron que por procedimiento se tenía que ir primero a lo penal y después a lo civil; esto se confirmó, nosotros nos amparamos y nos dieron la razón. Finalmente el 27 de octubre de 2002, el Tribunal Superior de Justicia dictó la sentencia ejecutoria; es decir, que ya no se puede apelar, esa es la verdad legal y no pueden modificarla por ningún motivo y medio”, afirmó.


 


El abogado dijo que en esa resolución el juez determinó que los testigos que fueron a rendir testimonio ante el Ministerio Público Federal para incriminar a sus clientes fueron aleccionados y comprados por Microsoft, Adobe, Autodesk y Symantec, a quienes también se les responsabilizó de falsificar las facturas.


 


Otras pruebas


Microsoft sostenía que Consultores debía exhibir una factura desglosada en donde se indicaran las características de las computadoras y la descripción de cada uno de los programas instalados en cada máquina para legitimar la legalidad de los programas que poseía.


 


“El juez determinó que eso era una trampa y una falsedad con que se condujo la denuncia, porque ni los fabricantes denunciantes expiden ese tipo de facturas desglosadas”.


 


Asali comentó a eSemanal que las cuatro empresas actuaron de manera dolosa al acusar ante el Ministerio Público a Consultores en Computación y Contabilidad –socios de negocio incluso de Microsoft– de ser una firma que practicaba la piratería, a sabiendas de que era una falsedad.


 


“Microsoft, Adobe, Autodesk y Symantec son responsables por el daño moral que ocasionaron tanto a la reputación y prestigio de la empresa como por el daño a los sentimientos y angustia de las personas físicas que conforman la empresa”, añadió.


 


Asali dejó en claro: “Lo que ya no es modificable es lo que ellos de manera dolosa le hicieron a mis clientes, falsificando facturas, aleccionando a testigos y declarando falsedades; en esto ya no hay vuelta de hoja, lo único que todavía es debatible es el monto al que deben ser condenados, y para ello la ley establece parámetros”.


 


La sentencia


El 12 de diciembre de 2005, se determinó que las compañías demandadas deben pagar a Consultores en Computación y Contabilidad un monto total aproximado a 90 millones de dólares, que debe ser liquidado de la siguiente manera: para Víctor Armando Rendón de la Torre, 35 millones de dólares; a dos de sus hijos se les debe pagar aproximadamente 40 millones de dólares y para la empresa como tal 162 millones de pesos.


 


El abogado dijo que, después de conocer el veredicto, las empresas contrademandadas –Microsoft, Adobe, Autodesk y Symantec– han intentado acercarse a ellos para negociar, pero aún no llegan a algún arreglo. “Hubo pláticas, pero no hemos llegado a acuerdos; nosotros estamos abiertos a continuar la negociación”.


 


Cabe destacar que la resolución sobre el pago de cerca de 90 millones de dólares puede ser apelada por la defensa de las cuatro empresas, y el monto podría ser modificado, eso dependerá de las instancias superiores y los magistrados tanto locales como federales, quienes son se encargan de imponer la sanción correspondiente, en un lapso aproximado de un año.


 


“De lo que ellos fueron culpables, la BSA o Microsoft y compañía, es de falsificación de facturas, aleccionamiento de testigos, declaración falsa (lo que ellos dijeron para que en el cateo se acreditara que los programas que estaban en poder de Consultores eran ilegítimos: tenían que exhibir una factura con cada uno de los programas desglosados). Microsoft y compañía mintieron”.


 

Quién era CCC


Distribuidor de cómputo que vendía al usuario final por medio de ventas en una página electrónica y atendía a empresas. En 1998 facturó cerca de 114 millones de pesos; al siguiente disminuyó a 80 millones y un año más tarde, a 10 millones de pesos. Entre sus clientes destacaban Televisa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


 


A qué se dedican actualmente


Después de iniciadas las acciones legales, la familia Rendón se dedicó a otro tipo de negocios, como la venta de flores; otra parte de sus ingresos proviene de un negocio de distribución de equipo de cómputo denominado Services Conection, una sociedad que vende por medio de Internet.


 


En su página –indica que es Distribuidor de Soluciones Microsoft– recibió el reconocimiento como el Distribuidor con el Mejor Desempeño en 2002 por la venta de productos Toshiba en 2002; el 10 de marzo de 2004 fue reconocido por Ingram Micro con un Sol en la categoría Mejor desempeño e-Commerce.


 


Asimismo, en el sitio de la empresa se muestran ejemplos de publicidad compartida en periódicos de circulación nacional con fabricantes como Toshiba y HP.

Postura de la BSA y Microsoft


En el presente reportaje se contactó a los representantes de Microsoft y la BSA. Ambos coincidieron en no emitir comentario alguno al respecto y dejar que los trámites legales y de apelación siguieran su curso.


 


Un caso similar


En 1998, la BSA demandó en Guadalajara a la distribuidora de software La Tenda, porque presuntamente vendía productos pirata.


 


En octubre de 1999, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó la inocencia de la empresa, la cual levantó una demanda contra la BSA, a quien solicitaron el pago de 2 millones 100 mil pesos por daños y perjuicios que le provocaron la quiebra.


 


En marzo del siguiente año, los dueños de la desaparecida distribuidora presentaron una nueva demanda contra Microsoft México por haber difundido un boletín en el que se les calumniaba de ser piratas.


 


La tercera demanda que presentaron los dueños de La Tenda fue en abril de 2000 contra la BSA por haber sido la encargada de difundir dicho boletín. Una última demanda fue en contra de Ana Enríquez de Rivero, en ese entonces directora de Ventas de Microsoft México, por haber ordenado la distribución del boletín.


 


En junio del año 2000, el juez quinto de lo civil con sede en Guadalajara, Jalisco, determinó la ejecución de un embargo precautorio a 96% de las acciones del capital fijo de Microsoft Corporation en su filial de México, debido a una demanda civil que interpuso en su contra la compañía La Tenda, por un monto de 2.1 millones de pesos.


 


Los mayoristas


De acuerdo con Asali, los productos del software que vendían Consultores en Computación y Contabilidad provenían de compras a mayoristas. Puso como ejemplos a MPS Mayorista, CHS Electronics e Ingram Dicom, empresas que aunque han cambiado sus razones sociales siguen trabajando de manera transparente con el canal.


 

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