Ingram Analiza la oferta para Gobierno
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El decreto de austeridad, promulgado por la actual administración federal, trajo consigo incertidumbre a los distribuidores que atienden este sector, ya que las reglas aún no se conocen a fondo, ni siquiera los encargados de las dependencias saben cómo contratarán estos servicios.
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A petición de sus clientes y proveedores, Ingram Micro realizó un foro para discutir, analizar y conocer la situación que se está generando a raíz de la implementación de una política de austeridad por parte del gobierno federal, en la que se obliga a todas las dependencias a contratar servicios en lugar de bienes, con el fin de optimizar las adquisiciones y así ahorrar dinero que pueda ser aplicado en rubros de bienestar social.
La administración del presidente Felipe Calderón pretende ahorrar más de 25 mil millones de pesos por medio de la contratación de servicios que tendrán una duración aproximada de 36 meses. |
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Con una nutrida asistencia compuesta por fabricantes, mayoristas, distribuidores y analistas preocupados por mejorar las ventas en este rubro, el foro denominado “La nueva forma de contratar TICs en el gobierno federal” dio de qué hablar en el sentido de que algunos asistentes encontraron respuesta a sus dudas, otros más las ampliaron, mientras que una gran mayoría comentó que el tema se seguía tratando sin llegar a conclusiones que se tradujeran en alternativas de negocio.
La industria reunida intercambió puntos de vista, ya sea para ofrecer software, bases de datos, servicios de impresión y telecomunicaciones. El punto se centró en las pocas ventas que han dejado de realizar ante dependencias federales. Este punto lo sustentó Saúl Cruz, director ejecutivo de Select, quien destacó que el índice de confianza de la industria bajó en el primer trimestre del año, para subir de forma paupérrima en el segundo, sin que este aumento de la confianza signifique un estado óptimo. Lejos del discurso, la realidad se impone Ávidos por tener el punto de vista contrario y la experiencia de las implantaciones que se han realizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los asistentes se desconcertaron con la pobre ponencia de Alfonso Medina, director general adjunto de Programación e Integración Presupuestaria de la SHCP, quien lejos de tratar el tema de la clasificación y distribución de recursos para la contratación de TIC, se limitó a hacer un bosquejo histórico de los avances respecto del decreto en materia de mejoramiento de la administración y sus procesos, donde el outsourcing es el esquema más viable. El funcionario convocó a una sesión de preguntas, las cuales en su mayoría no fueron atendidas de forma consistente y las pocas respuestas fueron laxas, dejando a los distribuidores con la sensación de ser “más de lo mismo”. En una nutrida ponencia, Abraham Sotelo, titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información de las Secretaría de la Función Pública, se refirió a las modificaciones de la normatividad y las excepciones que se han realizado, una vez que fue dado a conocer el decreto de austeridad. Por ejemplo, en dependencias que tienen instalaciones en lugares remotos o en el extranjero, en la contratación de servicios para la administración de bases de datos, software, etcétera, donde se obliga a las dependencias a analizar la relación costo-beneficio de los sistemas propietarios y del software libre y adquirir la mejor opción. De igual manera, en los servicios neurálgicos del gobierno que no residirían en data centers externos y en los servicios de telecomunicaciones se buscará consolidar en un anillo metropolitano que puedan aprovechar diversas dependencias. En este tenor, también buscan homologar las plantillas donde se presenta la información del gobierno para reducir procesos y eficientizar su operación. Las preguntas formuladas por la audiencia fueron respondidas con argumentos viables con la salvedad de seguir recibiendo las observaciones por medio de algún formato electrónico que Ingram Micro se comprometió establecer para hacerlas llegar posteriormente. Entre estas respuestas, Sotelo aclaró que Enciclomedia no se canceló por el decreto, sino por argumentos que se indican en la legislación. Una de las inquietudes del canal radica en que las reglas no son claras, en el sentido de que si una dependencia cancela el servicio, el proveedor no tiene protección de su inversión. El funcionario opinó que esta nueva manera de contratación de tecnología abre una novedosa forma de negocio para el canal, para lo cual debe establecer sistemas de análisis del costo-beneficio y trabajar de forma estrecha con las dependencias, donde el acercamiento es la parte medular. “En este proceso no ha hecho falta la comunicación para entender las necesidades de las partes, por lo cual debemos reforzar esa parte”, finalizó.
Un nuevo jugador en la cadena El financiamiento juega un papel preponderante en la entrega de servicios, por lo cual los proveedores de éstos se están sumando al canal con el fin de dar soporte a los distribuidores y que tengan la facilidad de llegar más fortalecidos ante las dependencias. Al respecto, Alain Schwartz, presidente del Consejo de Mex-Factor, propuso al canal valerse del factoraje, el cual consiste en una operación donde las empresas pueden tener acceso a capital de trabajo para que, por medio de una cesión de derechos de cobro, puedan atender al gobierno y se enfoquen a entregar el servicio. En esta modalidad, Ismael Velázquez, director de Finanzas de Ingram, dijo que la entrega de tecnología al gobierno representa un nuevo modelo, el cual no es fácil implantar y para lo que se debe tener la habilidad de entender el entorno y aprovechar los diversos esquemas financieros en el mercado para presentar ofertas más robustas.
Un canal adaptable Representantes de asociaciones como Anadic, Amissi, Amiti y Canieti, junto con Marco Tessa, director general de Ingram Micro, hablaron de las principales inquietudes de la industria. Cabe señalar que la Canieti presentó un estudio acerca de las lagunas que tiene la legislación del decreto, ante lo cual Jacobo Esquenazi, presidente de la Comisión Nacional de Gobierno Electrónico de Canieti, destacó que se deben analizar las implicaciones financieras, encontrar los posibles riesgos de trabajar con el gobierno y saber cómo mitigarlos, ya que la falta de claridad en el proceso genera incertidumbre y nerviosismo entre los actores. Javier Allard, director de la Amiti, resaltó la importancia de los procesos, para lo cual señaló que junto con Canieti están trabajando en la consultoría de una metodología para venderle tecnología al gobierno. Por su parte, Francisco Wilson, presidente de la Anadic, señaló la importancia de no querer atender a las grandes dependencias, sino llegar con servicios a otros niveles del gobierno, ya que “es mejor empezar con las locales y llegar a las federales, con el fin de que poco a poco vayan entendiendo el modelo de entrega”. Las conclusiones arrojan que toda la cadena de distribución debe trabajar en conjunto para llegar con ofertas tangibles, uniendo fortalezas y conocimiento para no quedar fuera del mercado.
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