El canal: su brazo más fuerte

En una cruzada nacional en contra de la piratería de software, la BSA, IMPI, PGR, Anadic y AMISSI se unen para integrar un frente común donde el canal jugará un papel protagónico.

Reafirmar el compromiso de organismos gubernamentales en conjunto con las asociaciones de la industria de TI, es la principal tarea de la Business Software Alliance (BSA) en el combate a la piratería.
Todo ello se cristaliza en programas como “Integrando un México Legal”, la continuación de campañas como “Cero Tolerancia”, que a decir de Luz Ortiz, representante de la BSA en México, dichos esfuerzos han ayudado a la reducción de los índices de piratería y a crear una cultura del uso de software legal en México.
Cabe señalar que “Integrando un México legal” es una campaña que se está implantado desde hace unos meses, dirigida principalmente a integradores de soluciones: “Buscamos disminuir esa competencia desleal y crear un ambiente de concientización, no sólo con los ensambladores de equipo de cómputo, sino con los mismos consumidores”, mencionó Ortiz.
De esta forma, la campaña busca proteger a los propios empresarios de caer en ilícitos y prevenir a aquellos integradores que no se dan cuenta de las consecuencias legales que implican implantar licencias de manera clandestina en equipos OEM.
Ortiz explicó que no es válido que por buscar un mejor margen de utilidad se lleve a cabo esta práctica ilegal, “queremos establecer un frente común que motive el crecimiento de la industria de TIC”.
De esta manera, “Integrando un México Legal” tendrá como tarea encontrar a aquellos jugadores desleales por medio de mecanismos de fiscalización que permitirán identificar la instalación y venta ilegal de programas de cómputo, especialmente en máquinas integradas o armadas en el mercado.
Anadic y AMISSI en contra de la piratería
Al ser una campaña dirigida específicamente a integrantes de la cadena de suministro, la BSA en conjunto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y la Procuraduría General de la República (PGR) unirán esfuerzos con la Anadic y la AMISSI para distribuir la información adecuada y concientizar a sus agremiados.
Javier Vargas, presidente nacional de Anadic, mencionó que la asociación cuenta con la afiliación de 16% de los distribuidores registrados en el país y declaró que: “Un gran porcentaje de los distribuidores en México no son profesionales, son oportunistas que buscan engancharse al negocio de TI y trabajan de manera ilegal. En la Anadic pretendemos coadyuvar a la profesionalización”.
Por otra parte, Michael Braverman, vicepresidente de AMISSI, mencionó que buscan generar una competencia legítima, además de establecer medidas dentro del canal: “La suma de esfuerzos debe darse en un marco jurídico y de respeto, por lo que fomentaremos el desarrollo y buscaremos acciones legales y constantes”.
En la actualidad, tanto la Anadic como la AMISSI han permanecido cerca de acciones en contra de la piratería y ambas coinciden en que la profesionalización y el fomento de una cultura de la legalidad son los lineamientos a seguir dentro del canal de distribución.
Vargas explicó que en lo que respecta a Anadic, “la asociación sólo acepta a distribuidores profesionales; queremos que se penalice a los que no lo son. En el caso de la Anadic, cualquier distribuidor que se detecte en estos ilícitos será expulsado”.
Por otra parte, Braverman mencionó que se estiman pérdidas por más de $800 millones de dólares anuales en la industria de software mexicano: “Estos son ingresos, ventas que no se realizaron. 50% de las computadoras del país son caja blanca, y un problema de piratería se encuentra en 20% o 30% de ellas.
BSA y PGR en cifras
2003 representó un año de gran movimiento debido a las campañas realizadas en torno al combate a la piratería, no sólo en el mercado de TI sino en muchas industrias más.
Juan Capote, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Derechos de Autor y Propiedad Industrial de la PGR, explicó que durante 2003 se atendieron 75% de las denuncias con una resolución favorable, lo que se traduce en 2,494 operativos y 1,683 cateos, es decir, 4,177 acciones en contra de delitos de propiedad intelectual, industrial y de derechos de autor.
También se desmantelaron 204 laboratorios clandestinos y el IMPI logró un total de 2,900 visitas de inspección, de las que 1,201 se realizaron a petición y 1,789 se persiguieron de oficio.
Ana María Martínez, directora de lo Contencioso del IMPI, mencionó que la institución persigue y sanciona acciones de la explotación ilegal del derecho de autor, por lo que realizarán visitas de verificación de oficio con las que esperan comprobar la existencia de equipos sin licencia.
Para aquellos que incurran en el ilícito, la BSA impondrá sanciones severas que van desde los 5,000 hasta los 10,000 salarios mínimos.
Vargas aseveró que en el canal de distribución se continuará con las acciones en pro de la legalidad con la intención de beneficiar al canal de distribución en todos los sentidos.