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Factura electrónica: de la obligación al negocio

La tecnología siempre ha sido una barrera para las micro, pequeñas y medianas empresas en el país como producto de la brecha digital; sin embargo, cada vez existe mayor apertura tecnológica e interés por parte de los empresarios por implementarla en sus procesos de negocio.

Aún así, para algunos, ese interés se convierte en una aberración cuando deja de ser un tema de elección para convertirse en una obligación, sobre todo cuando resulta desconocido y no se toman en cuenta las ventajas y beneficios que puede ofrecer ese cambio.

“Se trata más de una cuestión de obligación que de convicción, por lo que los desarrolladores debemos trabajar en demostrar al usuario que el tema de la factura electrónica es un elemento que impulsa o complementa la automatización de su empresa”: Contpaq i

En este escenario, la factura electrónica llegó desde 2009 como parte de una obligación fiscal, pero fue hasta el año pasado que cobró mayor fuerza al entrar de manera obligatoria el Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI).

Samuel Pérez Carvajal, gerente de marca de la línea comercial en Contpaq i, informó que de acuerdo con estadísticas del SAT, al día de hoy existe aproximadamente un millón 600 mil contribuyentes en un esquema diferente al del impresor autorizado.

De esta cifra, 1 millón 100 mil está bajo el esquema de Código de Barras Bidimensional (CBB)  al no estar obligados a emitir una factura electrónica, pero sí un esquema distinto al impreso. Los 500 mil restantes se encuentran en un esquema digital, que puede ser CFD o CFDI; empresarios que implementaron estas prácticas por diversos motivos, según explicó Edgardo Martínez, director Comercial de Aspel.

Por una parte, se encuentra la obligatoriedad de las empresas que facturaron más de 4 millones en el año fiscal anterior, lo cual, de acuerdo a reportes oficiales no sobrepasan las 200 mil empresas.

Caso aislado de quienes lo implementaron por razones comerciales, ya que algunas empresas, sobre todo grandes cadenas de retail, adoptaron este mecanismo de comprobación fiscal desde hace más de cuatro años para automatizar sus procesos, obligando a sus proveedores a hacerlo también.

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