El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en las que se establece la tipificación como delitos informáticos, de ciertas conductas que van en contra de los medios o sistemas informáticos, contra del patrimonio, la seguridad de las personas y de las instituciones del Estado e instituciones financieras en particular, cometidos mediante el uso de dichos sistemas.
En las reformas se encuentran el tratamiento que se da a los delitos que afectan los derechos de menores de edad y de personas que no tienen capacidad de comprender el significado de un hecho, o bien que no tienen capacidad para resistirlo. En este rubro se incluye la tipificación de delitos como pornografía infantil, trata de personas, turismo sexual y corrupción de menores, duplicando la pena cuando para cometer delitos de esta naturaleza se empleen recursos informáticos.
Adicionalmente, impone sanciones severas a quien emplee sistemas y medios informáticos en delitos como las amenazas e ilícitos patrimoniales como la extorsión y el fraude, así como los beneficios que de éste se obtengan.
Se penalizan también el acceso y la intervención ilícitas en medios y sistemas informáticos, el robo de identidad y la utilización indebida de dispositivos para tales fines, en contra de sistemas informáticos del Estado, del sistema financiero, o de cualquier otra institución o persona.
El decreto señala, finalmente, penas específicas a quien haga uso de medios electrónicos del sistema financiero en delitos vinculados con el lavado de dinero y el encubrimiento de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En México, según un Informe de la Secretaría de Seguridad Pública, la policía cibernética atendió casi seis mil denuncias ciudadanas relacionadas con delitos cibernéticos, entre septiembre de 2010 y julio de 2011. El reporte indica que las denuncias más comunes fueron el fraude al comercio electrónico, delitos de pornografía infantil y la trata de personas.
En la propuesta de reformas se incluyeron la mayoría de las conductas delictivas señaladas en convenios internacionales como el Convenio de Budapest, que especifica delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; así como los relacionados con el contenido; otros relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines, y otros como el phishing.
