Cibercrimen en México obliga a reforzar la protección de datos en centros de comando
Kabat One se presentó como una plataforma orientada a integrar, visualizar y analizar información en tiempo real dentro de un mismo ecosistema operativo. La propuesta se enfocó en entornos de seguridad y atención de emergencias, donde distintas fuentes de información deben coordinarse bajo criterios de control, trazabilidad y resguardo institucional.
La presión por la seguridad de los datos, aumentó sobre sectores gubernamentales, particularmente en aquellos que operan centros de comando y plataformas de monitoreo, donde la continuidad operativa depende tanto de la integración tecnológica como de los mecanismos de protección de datos.
“Hoy, los gobiernos operan con herramientas que integran múltiples fuentes de datos para fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta ante emergencias. Este avance tecnológico exige un compromiso claro: garantizar que la información de las personas esté protegida bajo criterios de privacidad, legalidad, ciberseguridad y responsabilidad pública”: Niv Yarimi, presidente de Kabat One.
La compañía señaló que el valor de las plataformas de integración no sólo radica en la capacidad de centralizar información, sino también en mantener el control de los datos dentro de las propias instituciones. Para los sectores gubernamentales, ello implicó el desarrollo de protocolos de ciberseguridad, mecanismos de supervisión y marcos de operación alineados con criterios de uso ético y protección institucional.
México se ha posicionado como el segundo país más afectado por ciberataques en América Latina, de acuerdo con el Microsoft Digital Defense Report 2025. El informe detalló que el país concentró alrededor del 2.8% de las amenazas digitales detectadas en la región, entre ellas robo de datos, phishing, ransomware y ataques dirigidos contra servicios digitales e infraestructura tecnológica.
Para Niv Yarimi, la capacidad de analizar información en tiempo real transformó la manera en que los gobiernos toman decisiones; ello exigió una responsabilidad absoluta en el manejo de los datos y añadió un componente de confianza pública. Conforme las ciudades ampliaron sus capacidades digitales para operar servicios críticos, también aumentó la necesidad de garantizar transparencia, protección de datos y responsabilidad institucional en el uso de tecnologías conectadas.
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