Seguridad

Fraude de pagos autorizados

El crecimiento de los sistemas de pago en tiempo real ha ampliado las oportunidades para el fraude de pagos autorizados (APP, por sus siglas en inglés), una modalidad en la que los delincuentes engañan a personas o empleados de empresas para que transfieran dinero voluntariamente a cuentas controladas por los estafadores. Debbie Cobb, vicepresidenta de Gestión de Productos de FICO, explica que, debido a que la víctima inicia la operación y las transferencias instantáneas suelen ser irrevocables, recuperar los fondos puede resultar difícil una vez detectado el engaño.

Ingeniería social y desvío de transferencias

De acuerdo con Cobb, los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social y, en algunos casos, vulneran correos electrónicos u otros sistemas para modificar instrucciones de pago. Entre las modalidades dirigidas a personas se encuentran facturas falsas, mensajes de supuestos proveedores y estafas de confianza. En el ámbito inmobiliario, los atacantes pueden interceptar comunicaciones entre compradores, vendedores y abogados para sustituir los datos bancarios de una operación.

Las empresas también pueden ser blanco de fraudes de facturas falsas: los delincuentes obtienen información de sus comunicaciones y las convencen de cambiar la cuenta bancaria de un proveedor. Cuando se paga la factura, el dinero llega a la cuenta del estafador. La rapidez de las transferencias facilita además que los fondos se muevan entre distintas cuentas y se dificulte su rastreo.

Diferencias en los marcos regulatorios

Cobb señala que la prevención representa un desafío para los bancos porque el cliente realiza la transferencia y supera legítimamente los procesos de autenticación. Como referencia regulatoria, describe medidas adoptadas en distintos mercados. En Reino Unido, el esquema de reembolso por fraude APP, vigente desde octubre de 2024, establece que el banco emisor y el receptor compartan las pérdidas en partes iguales, con un límite de 85,000 libras esterlinas. También menciona el servicio de Confirmación del Beneficiario.

En Europa, la autora cita la evolución normativa asociada con PSD3 y el Reglamento de Servicios de Pago. Australia aprobó en febrero de 2025 el Scams Prevention Framework, que contempla obligaciones para bancos, empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales, mientras que Singapur estableció el Shared Responsibility Framework, enfocado en estafas relacionadas con phishing y sujeto al cumplimiento de controles específicos.

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Controles y prevención

Ante la expansión de estas estafas, Cobb plantea la necesidad de establecer varias capas de protección en los productos y canales de pago. En su análisis, la inteligencia artificial y la analítica avanzada pueden ayudar a identificar transacciones sospechosas y anticipar riesgos antes de que se concreten pérdidas.

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