Tras semanas de discusión en conversatorios y presión desde diversos sectores, la iniciativa de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue modificada. Se eliminaron artículos que habilitaban censura previa, se acotaron colaboraciones con instancias de seguridad, y se restituyeron algunos derechos. Sin embargo, los cambios estructurales más preocupantes permanecen.
Uno de los ajustes más visibles fue la eliminación de facultades para bloquear plataformas digitales (artículo 109) y la modificación al artículo 210 sobre pauta publicitaria extranjera. También se flexibilizaron pagos para operadores sociales y se corrigieron aspectos de accesibilidad y lenguaje. Pero estos ajustes parecen más concesiones simbólicas que soluciones de fondo.
El verdadero problema sigue: la desaparición del IFT, un órgano constitucional autónomo y colegiado, que garantizaba una regulación técnica, independiente y con contrapesos. En su lugar se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo. Y aunque, tras las críticas, se incorporó la figura de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) como instancia colegiada, sus integrantes serán nombrados directamente por el Ejecutivo, lo que distorsiona su independencia y fortalece el riesgo de captura política.
Particularmente preocupante es el artículo 183, que obliga a concesionarios a facilitar la geolocalización en tiempo real y colaborar con autoridades en la entrega de datos. En un país donde el espionaje ha sido documentado, habilitar estos mecanismos sin salvaguardas suficientes es un retroceso. Más aún si se combina con la exigencia de asociar líneas móviles a la CURP del usuario, cerrando el círculo para un sistema de vigilancia masiva.
En el frente económico, el costo del espectro radioeléctrico sigue siendo uno de los más altos del mundo. Aunque se reconoce una reducción del 17.5% en términos reales, parte de una base inflada. Sin una reforma profunda del modelo de cobro, alineado a objetivos de conectividad, las inversiones seguirán viéndose afectadas.
Además, subsisten omisiones importantes: no se redefinen los principios asociados a la neutralidad de la red, lo que impide avanzar hacia un modelo más moderno que equilibre el rol de quienes operan las redes y los servicios que circulan por ellas. Tampoco se ajustan las reglas de preponderancia, pese a la urgencia de equilibrar condiciones entre actores y fomentar una competencia real.
En suma, la reforma contiene mejoras puntuales, pero mantiene un diseño estructural que no garantiza un ecosistema competitivo ni transparente. Con un regulador debilitado, espectro caro y normas ambiguas sobre datos y vigilancia, el balance final es preocupante.
Aunque esta reforma parte de la ley anterior, deja la sensación de que se descompuso algo que estaba medianamente bien. En lugar de avanzar sobre lo ganado, el esfuerzo terminó centrado en no perder derechos ya conquistados. Lo que México necesitaba era una evolución para corregir lo pendiente y dar un salto hacia adelante. Esta ley, por el contrario, nos obliga a volver a defender lo básico.
