Reforma Telecom a tres años
Por Ernesto Piedras, director en The Competitive Intelligence Unit (CIU):
Se han cumplido tres años de la Promulgación de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones. Este corpus institucional y legal busca la materialización de los objetivos añejos y a la vez evasivos para este sector, al menos evasivos en nuestro país: la competencia efectiva como mecanismo para la maximización del bienestar del consumidor.
¿Qué avances y efectos ha alcanzado esta Reforma? En el corto plazo, hemos sido testigos de la conformación de nuevos entes institucionales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Tribunales Especializados y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL); la entrada y consolidación de operadores en diversos segmentos; el ejercicio de recursos para el desarrollo de infraestructura; la disminución de tarifas al usuario final; la eliminación de la larga distancia e itinerancia nacional; así como el apagón de las señales de televisión analógica.
En términos cuantitativos, lo anterior refiere a una disminución de precios en el periodo de vigencia de la Reforma de 22.6%, a ahorros para los bolsillos de los consumidores de alrededor de $20 mil millones de pesos al año por la eliminación de cargos de larga distancia nacional y de $3 mil millones de pesos por la desaparición del roaming nacional. Así también, sus efectos generaron una inversión privada en telecomunicaciones que asciende a $164 mil millones de pesos, durante estos tres años, y una Inversión Extranjera Directa (IED) que se calcula en $2,712 millones de dólares en el último año.
En cierto grado, las métricas de este desempeño son atribuibles a los efectos inducidos por este documento legal y regulatorio. Sin embargo, amerita ser reconocida también la contribución de la estrategia e ímpetu comercial de los jugadores competidores, impulsada principalmente por la incursión de AT&T en el mercado móvil en México. Todo suma.
No obstante, la asignatura pendiente es y sigue siendo la competencia efectiva en los mercados que conforman este sector convergente. A estos tres años, no hay evidencia que respalde una reconfiguración y balanceo de mercado frente a la concentración que ostenta el agente económico preponderante en Telecomunicaciones. Es un hecho que se ha detonado una dinámica de mercado a favor de los operadores competidores, pero ha sido insuficiente para reducir la participación de mercado del preponderante, objetivo central de la Reforma.
La disminución de precios y los incentivos a la inversión que se identifican actualmente, sin duda, constituyen una ganancia a favor de la competencia. No obstante, son producto de la intervención regulatoria, por ejemplo a partir de la eliminación de los cargos de interconexión a favor de los operadores competidores, y no resultado de la dinámica de mercado por sí misma.
La tarea pendiente que tiene el regulador es, precisamente, la gestación de competencia efectiva. La política pública y regulatoria sectorial se compone por este pilar y sólo a través de su ejecución eficaz, se puede asegurar la materialización esperada de efectos y promesas de la Reforma Constitucional, que hoy es preferible por mucho, ante el escenario pretérito de pasividad e ineficacia regulatoria.
